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Corrupción y democratización de la política en República Dominicana

Minou Tavárez Mirabal Minou Tavárez Mirabal
Jueves, 07 Mayo 2015 21:51

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 Buenas tardes amigas y amigos.
 
Agradezco esta invitación para conversar sobre un tema que tiene tanto tiempo en la preocupación de los dominicanos y dominicanas. Celebro también que quienes han tomado la iniciativa de reunirnos sean jóvenes estudiantes. Entre tantas malas noticias ustedes son una señal de que podremos.De que una nueva República Dominicana comienza a despuntar.
 
Como tenemos demasiados años cargando esta cruz, he tratado de reunir algunas de mis opiniones sobre el tema y compartirlas aquí con ustedes.
 
Al comenzar utilicé la palabrapreocupación pues hace tiempo, el 9 de octubre de 2010, cuando todavía militaba en el Partido de la Liberación Dominicana, publiquéun artículo titulado “El que se preocupa, no se ocupa” que comenzaba así:
 
“Lo que no queremos que se sepa es mejor, simplemente, no hacerlo. Esto aplica a todos y cada uno de los aconteceres del diario vivir. E incluye por supuesto -y yo diría que sobre todo- al hurto, el robo y la corrupción. Porque corrupción viene de la palabra corromper, que no es otra cosa que alterar, trastocar, echar a perder, seducir la forma y el fondo de algo, de alguien. Por lo mismo, la corrupción sólo tiene lugar si la voracidad de quien toma lo ajeno cuenta con la complicidad de otros que en lugar de denunciar el hecho, callan, otorgan.”
 
Ese escenariono solo se ha mantenido sino que se ha agravado, pues de entonces a hoy la voracidad tiene casi cinco años más de edad.  Pero es bueno ver de qué hablamos cuando hablamos de corrupción:
 
Según Norberto Bobbio, es el "fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar en un modo distinto de los estándares normativos del sistema, para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa. Corrupto es, por lo tanto, el comportamiento ilegal de aquel que ocupa un papel dentro de la estructura estatal".
 
O sea que el fenómeno de la corrupción sólo se da en la estructura pública dado que partimos de la base de que los bienes administrados no pertenecen al funcionario, sino que son propiedad de toda la sociedad.  Pero la sociedad es un colectivo relativamente extenso e indeterminado de personas que la mayoría de las veces no disponen de mecanismos de control.
 
En este contexto se puede señalar que en el centro mismo de la actividad pública se anida un conflicto básico: el que existe entre la confianza pública y el interés privado. La búsqueda de una solución para este conflicto reside en un solo lugar: en el ámbito de la ética, de los principios que animan la virtud cívica y del servicio público. La exigencia entonces tiene que ser sobre quienes ejercen funciones públicas y su deber de cumplir con estándares superiores a los señalados en las leyes, no solo porque éstas en muchos casos son muy precarias, sino porque no hay voluntad de hacerlas cumplir.
 
Aprovecho para recordar a Eduardo Galeano, gran escritor y luchador latinoamericano con el que compartimos una gran amistad, cuando dijo:"El código moral del fin del milenio no condena la injusticia, sino el fracaso". Eso es especialmente cierto en nuestro país, donde los intereses nacionales son definitivamente  inferiores a los del partido y de sus integrantes. No castigamos al injusto, no se lucha por la justicia, lo que importa es el éxito medido por carreteras, por túneles y elevados. El éxito electoral importa tanto en nuestro país que el fraude es un componente que lo asegura, el uso de recursos públicos lo paga y la democracia lo sufre.
 
La situación de la que hablo no surgió en estas semanas, ni en estos meses como también lo he dicho antes: ¿Qué ha sido nuestra historia política sino la repetición cíclica de la construcción de impunidades desde que quedó instalada la idea del “borrón y cuenta nueva” para ganar una elección? Nuestra práctica política no se concibe sin la adhesión al caudillo, sin la cercanía a los peores hábitos, sin cargar y arrastrar el pesado fardo de los crímenes, las cárceles, las torturas. Hasta un día.
Es verdad que ética y política no son lo mismo. Pero caminan juntas. Si las confundimos construimos figuras que terminan siendo absolutamente incapaces de enfrentar los desafíos de una política democrática. 
 
Los partidos políticos, importantes instituciones de la democracia, se debaten en una crisis cuyos voceros se empeñan en negar pues todavía aparecen en las encuestas. Pero los partidos no son sólo para ganar elecciones. Los partidos deben ser la expresión de la sociedad política, organizada para tener un mejor país y para tener más democracia.
 
En mi artículo de Diario Libre citado antes decía: “Si ante la apropiación de bienes ajenos se cometen delitos que parecen imposibles de sancionar, el Partido tiene la obligación de sancionar moral y orgánicamente a quienes muchas veces se escudan en la militancia para conseguir apoyos que terminan siendo malhechoras camaraderías, complicidades de mala muerte.”  Y eso dicho en octubre de 2010.
 
Con una legislación precaria y con grandes dificultades para su aplicación a ¿quién le correspondería ejercer el “control ético” de los funcionarios? Pues nada más y nada menos que a los partidos políticos, ellos deben ser el primer filtro para impedir que el ‘tigueraje” llegue a tener funciones que les permitan la malversación de recursos que son de todos los dominicanos y dominicanas. Los partidos cuando llegan al gobierno deben ser los que impidan que vuelvan a ocupar cargos en el Estado a quienes han estado implicados en el mal uso de recursos públicos y a aquellos cuyos nombres aparecen en auditorías de la Cámara de Cuentas. Para eso no hacen falta decisiones judiciales: hace falta que se determinen responsabilidades políticas.
 
Supongo que por estos días no merece una explicación más extensa mi afirmación tan repetida de que es una mala señal que los debates políticos se hayan trasladado a los tribunales porque estos no pueden ser el lugar de ejercicio de la política: la judicialización de la política no es buena ni para la política ni para los tribunales,.
 
Los partidos políticos deben sancionar inmediatamente a quienes estén bajo sospecha. Durante la pasada campaña electoral se anunció que bastaría “el rumor público” y el gobierno actual ha carecido de la más mínima voluntad para enfrentar la corrupción anterior y menos todavía para siquiera hablar de la actual.   Lo que han hecho con éxito es usar esta verdadera plaga para la democracia y para el bienestar de quienes habitamosnuestra media isla, como arma política para combatir a sus adversarios a lo interno del partido de gobierno y sus aliados. Y sobre eso vale la pena llamar la atención de quienes con ingenuidad o, peor aún, complicidad, “han caído en el gancho”.
 
Asistimos a un espectáculo francamente decepcionante: los viejos partidos salen en defensa de sus militantes acusados, comprometiendo la razón de ser de toda organización política decente: una acción política para el bien común.
 
Hace unos días lo dije en Montecristi: La corrupción no se combate luchando contra la corrupción.  Sabemos que la protesta o la denuncia sonnecesarias y son un derecho reconocido constitucionalmente, pero son insuficientes y terminan generando desánimo si no van acompañadasde lucha política. Esa que debe llevar a los mejores y a las mejores a los puestos de representación popular. Sólo así podremos aspirar a tener instituciones públicas capaces de auto controlarse y de aspirar a una justicia independiente.
 
Estarán de acuerdo conmigo que no tenemos otra alternativa que organizarnos políticamente para sacar del Estado a los corruptos de la única manera que podemos hacerlo:ganándoles las elecciones en el marco de la lucha democrática:.
 
Permítanme ustedes ejemplificar lo que propongo con un hecho que todos conocemos: El caso Sun Land. El ex Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa,declaró en abril del 2013, cinco años después del fallo, que “El caso Sun Land… fue un crespón negro en la toga de los jueces de la Suprema Corte de Justicia de esa época. Yo sigo creyendo que no fue una buena sentencia. Fue una decisión política. Sun Land fue un caso inminentemente político que se le dio una solución política”. Con todo, el fallo no determinó ausencia de delito respecto del escándalo, sino que no reconocía como partes afectadas a quienes habían presentado el caso ante nuestro máximo tribunal, concluyendo que los únicos quetenían calidad para hacerlo eran los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado.
¿Qué hicieron esas máximas autoridades del Poder Legislativo? Nada. No han hecho nada hasta hoy.   Y eso que uno de ellos es un pre candidato presidencial, que seguramente durante su campaña prometerá de nuevo actuar contra la corrupción.   Y tampoco nos sorprenderá ver a otros que queriendo reelegirse como legisladores, asegurarán que se van a esforzar  para que el Poder legislativo cumpla con su función fiscalizadora.
 
¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sacarlos del Poder Legislativo. No tenemos otro camino.  
 
Por eso hoy y aquí,  los invito a que lo recorramos juntos muy conscientes de las dificultades que tendremos que salvar.   Pero también seguros y seguras de que las buenas causas, de que las buenas ideas,las buenas personas, terminarán vencedoras en todos nuestros esfuerzos por una mejor República Dominicana.
 
Muchas gracias
 

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